A vueltas con la reforma local

Andamos los que, por profesión o interés académico, estamos familiarizados con la vida municipal, muy atentos al devenir de la reforma en curso, que bajo la pretenciosa denominación de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no tardará en debatirse y supongo que aprobarse en las Cortes.

Los temas estrella ya se sabe cuáles son. De algunos ya se ha escrito aquí y de otros https://i0.wp.com/administracionpublica.com/wp-content/uploads/2013/05/direcciones.jpgno tardará en hacerse: intervención de municipios de menos de veinte mil almas, nuevos controles, “coste estándar de los servicios y procedimiento de evaluación de los mismos”, reverdecimiento de las diputaciones, posible privatización de servicios, transformación de la descentralización municipal en desconcentración con supresión de las entidades inframunicipales, reducción de concejales y cargos, mancomunidades en la picota, prohibición casi generalizada de competencias impropias….

Todos esos temas son importantes, como ha advertido la FEMP, cuyas alegaciones y propuestas son, en algunos casos, decepcionantes desde mi particular forma de pensar. La sombra de los políticos es alargada y se proyecta antes que cualquier otra duda de cariz jurídico-técnico.

Pero, aunque sea por una cuestión sentimental, me gustaría lamentar dos cambios seguro que menores e insignificantes. El primero, la desaparición como competencia obligatoria o mínima de todo ayuntamiento, del “control de alimentos y bebidas”. Laminan la atribución, sin nadie que la llore por lo que he visto, tras eliminar previamente toda referencia a las competencias sanitarias fuera de la “protección de la salubridad pública”. Creo, sinceramente, que los verdugos de tan modesta competencia que incluía históricamente la vigilancia de fondas, casa de comidas y bares, pero también la inspección veterinaria (concurrente con la competencia “mataderos”), no saben muy bien lo que se traen entre manos. Supongo que, de paso, se cargarán buena parte del artículo 42 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, donde se detallan y actualizan estos cometidos de la autoridad local.

Aludía a cuestiones sentimentales para reivindicar su mantenimiento, tan inocuo, porque soy nieto de un secretario de ayuntamiento e hijo de un médico que dedicaron gran parte de su vida profesional a la sanidad  local; materia en la que dirigí una tesis doctoral hace años. Pero al margen de la cuestión personal, tan irrelevante, me apena que, justo, se vaya a aniquilar esa atribución local en el preciso momento en que va a cumplir doscientos años. Concretamente, los cumplirá el próximo 23 de junio.

En el artículo 321 de la Constitución de 1812 no se hablaba expresamente de esta responsabilidad local, aunque sí de la policía de salubridad y comodidad; de la conservación del orden público; de los caudales de propios; del cuidado de las escuelas de primeras letras, hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de beneficencia; de la construcción y reparación de los cami­nos, calzadas, puentes y cárceles; de los montes y plantíos del común, y de todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato…

Pero un año más tarde, las mismas Cortes gaditanas aprobarán el Decreto CCLXIX, de 23 de junio, donde bien podemos decir que se incluyen por vez primera en la era constitucional las competencias mínimas y comunes de los Ayuntamientos: de la referencia constitucional a la policía de salubridad y comodidad se deducirá el deber de limpieza de las calles, los mercados, los hospitales y casas de beneficencia… Y lo que hoy llamaríamos evacuación de aguas residuales (estancadas o insalubres), el cementerio en cada pueblo “bien situado”, la salud del pueblo y de los ganados y el “velar sobre la calidad de los alimentos de toda clase”.

Como vemos –y no vamos a traer a colación la ya tópica concepción, con imagen social incluida, que el Tribunal Constitucional da de la garantía de la autonomía local- lo sanitario, como la instrucción pública, ha guardado una estrecha vinculación histórica con el ámbito municipal. Nexo que se ha ido debilitando y que, en las últimas décadas, se ha sometido a un principio de centralización autonómica que ahora quiere llevar hasta el extremo la reforma local en curso. Una pena, aunque la gran disyuntiva que hoy se plantea crudamente es la predilección por modelos de gestión privada frente a la tradicional sanidad pública del Sistema Nacional de Salud.

Citaba antes, de pasada, los cementerios. También en materia funeraria hay un cambio, aparentemente insignificante, pero de alta carga ideológica en el artículo 25, que se pretende reformar, de la Ley 7/1985. Si ya el liberalizador Real Decreto-ley de7/1996, de 7 de junio, se había cargado, en el artículo 86 de la ley básica local, la reserva a favor de los entes locales de los “servicios mortuorios”, expresión omnicomprensiva de cementerios –que son bienes de servicio público- y servicios fúnebres, el inminente proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en el artículo 25, ya no habla de “servicios” sino de “actividades  funerarias”. Sin duda un intencionado embate a la concepción del servicio público aunque, paradójicamente, al ser “actividades” término más amplio y menos público que “servicios”, parecería que se están ampliando las competencias planificadoras, reguladoras o inspectoras de los entes locales en este campo. Aunque no creo que sea la intención del autor de la modificación terminológica.

El tema funerario, por cierto, guarda una estrecha relación con la policía sanitaria. ¿También esta atribución local molesta a quienes pretenden desposeer a los municipios de todo protagonismo en salud pública? Me resulta difícil de creer.

En cualquier caso, en este cambio, como en el del control de viandas y copeo, la FEMP no ha manifestado ni oposición ni, hasta donde sé, opinión fundada. Y me hubiera gustado conocerla, como tantas cosas que pudieron ser y duermen eternamente en la nada jurídica.

 

 

Quejas de los porfesionales

Los Profesionales de los Servicios Sociales, ante la aprobación de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la  Administración Local,
 
MANIFESTAMOS Y DENUNCIAMOS:
La aprobación por el Consejo de Ministro del anteproyecto, y su posterior tramitación y aprobación como  Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; de no modificarse la redacción actual, supondrá el desmantelamiento efectivo del cuarto pilar sobre el que se sustenta el maltrecho Estado del Bienestar Social en nuestro país.  En particular, nos referimos al artículo siete, que modifica el artículo 26 de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local sobre competencias de los ayuntamientos, y específicamente de los Servicios Sociales. La nueva Ley genera incertidumbre y preocupación entre los/as profesionales cuando señala que la única competencia propia de los Ayuntamientos en este ámbito será, “la evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.
LOS AYUNTAMIENTOS SERAN MEROS EVALUADORES Y DERIVADORES, DEL RIESGO Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
 
A tenor de este redactado, conviene señalar, que no se menciona el Sistema de Servicios Sociales como una competencia propia de las corporaciones locales; ignorando la nueva Ley, como se ha configurado este sistema en los últimos treinta años en España, plenamente asentado y que ha adquirido identidad suficiente para ser reconocido como un instrumento fundamental de nuestro Estado del Bienestar.
En la actualidad, los Servicios Sociales Municipales son una parte fundamental del Estado social y de derechos definido por nuestra Carta Magna, junto con el sistema de pensiones, sanidad y educación. La Constitución los enmarcó como una competencia autonómica, por tanto no existe un marco estatal que los defina, a diferencia de los otros sistemas, descentralizados de una forma o de otra, pero siempre con una legislación básica estatal; es decir, es el único sistema donde no hay una cartera de servicios mínimos definida que establezca la extensión e intensidad de la protección; sin embargo, han adquirido su máxima visibilidad e implantación a través de las corporaciones locales.
En estas últimas década, los Servicios Sociales se han organizado atendiendo a su nivel de especialización; distinguiéndose la Atención Primaria,  de competencia local, y la Atención Especializada, de competencia autonómica. Los primeros constituyen la estructura básica del sistema público de SS.SS., siendo su finalidad conseguir unas mejores condiciones de vida de la población mediante una atención integral y polivalente. Los segundos deben entenderse como aquellos que requieren el desarrollo de una atención específica (nivel secundario) a usuarios/as con circunstancias especiales.
Los Servicios Sociales Comunitarios o Generales, de competencia municipal, son la estructura de gestión pública más cercana que tiene la ciudadanía para garantizar el acceso a sus derechos sociales; son la parte más representativa del conjunto de políticas sociales en el ámbito local. Conocida es la trayectoria de la administración local española en el desarrollo de servicios y programas que garanticen la cobertura de las necesidades sociales más prioritaritarias de su ciudadanía. En los últimos treinta años se ha generalizado una estructura capaz de organizar con gran solvencia técnica y recursos presupuestarios modestos la atención social de la ciudadanía, con gran proyección social y reconocimiento.
DENUNCIAMOS LA INTENCIÓN DE DIBUJAR UN ESTADO ASISTENCIAL DE BENEFICIENCIA
 
A partir de la propuesta de reforma de la Ley de Bases, se disparan todas las alarmas. Denunciamos el intento de dibujar un Estado Asistencial basado en la Beneficencia y no de derechos sociales; un Estado en el que los derechos sociales de ciudadanía quedan desdibujados, por la imposición de políticas públicas alejadas del ciudadano/a. La participación ciudadana en la creación, gestión y evaluación de los servicios sociales desaparece. La fortaleza en la proximidad de los servicios y la mejora de la gobernanza se elimina; y deja las personas y familias en manos de unas administraciones (Diputaciones y Comunidades Autónomas) que no conocen ni su realidad ni sus necesidades; en las que no participan directamente, y a las que, como en el caso de las Diputaciones, no han votado.
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PODRÁN NO DELEGAR LOS SERVICIOS SOCIALES. AUMENTA Y SE INSTITUCIONALIZA LA DESIGUALDAD ENTRE LOS CIUDADANOS
 
En la propuesta de nueva Ley se observa que en el único punto del articulado donde se hace referencia a los Servicios Sociales de forma clara y directa, es en la nueva redacción del articulo 27.2, donde se estipula que: la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar,…, en los Municipios de más de 20.000 habitantes, entre otras, las siguientes competencias: apartado –c. Prestación de los servicios sociales…”. Las políticas sociales de Atención Primaria no pueden depender de la voluntad de delegar o gestionar que tengan, en cada momento, cada una de las Comunidades Autónomas y/o Diputaciones que configuran el Estado. Esta medida supone, además, una recentralización de la atención social a la ciudadanía, y la perdida de capacidad de proyección social futura de los municipios, dejando la cohesión social que tanto depende del territorio en manos de actores ajenos al mismo.
No estamos ante una cuestión meramente terminológica. El cambio en la definición de la prestación supone un cambio en el modelo de gestión; transitar de la  “prestación de servicios sociales y promoción y reinserción social” (ley 7/85 de Bases de Régimen Local, Art.25.2), a la “evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social” (nueva redacción); implica dejar por el camino un modelo eficiente que garantiza los derechos sociales de los ciudadanos. Nada positivo parece sugerir este cambio. Ante estos hechos, defendemos un modelo que ha constatado su utilidad, eficacia y pertinencia en los últimos 30 años. 


NUESTRAS PROPUESTAS

Los profesionales de los servicio sociales, ante la nueva  Ley  de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, queremos proponer a la sociedad y a los poderes públicos en particular, lo que consideramos debería ser el mínimo irrenunciable en la expresión de los Servicios Sociales Municipales. Compete a los Ayuntamientos, por si solos o agrupados, el nivel de atención primaria, que debería de integrar la siguiente cartera de prestaciones:
 
o      Información, orientación, asesoramiento y diagnóstico desituaciones de necesidad.
o        Ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia. 
o      Ayudas económicas de emergencia social.
o      Intervención y mediación familiar.
Prevención, intervención e inserción, dirigida a personas, familias, grupos y     colectivos en riesgo osituación de exclusión social.
o     Acompañamiento en los itinerarios de inclusión social
o     Adopción de medidas de protección de menores en situación de riesgo.
o     Atención primaria a mujeres victimas de violencia de género
o    Atención primaria a la tercera edad y discapacitados. Gestión de la Atención a la Dependencia.
o    Alojamiento de urgencia.
o    Servicios de promoción y dinamización comunitaria, y voluntariado social.

NO CONSENTIREMOS QUE SE TIREN POR LA BORDA LOS LOGROS CONSEGUIDOS

Los municipios han demostrado con creces, en los últimos treinta años, su responsabilidad institucional y su capacidad de gestión en términos de pertinencia, eficacia y eficiencia; al mismo tiempo que, por su proximidad a los/as ciudadanos/as, y su especial sensibilidad en la atención a los colectivos sociales más vulnerables, han demostrado su contribución en la garantía de los derechos sociales en nuestro país.
Por otro lado, los profesionales municipales han contribuido inestimablemente en la profesionalización de estos servicios, en el desarrollo de disciplinas y prácticas en el campo de la protección social, del desarrollo comunitario, de un ejercicio profesional ligado al territorio, a la realidad de las familias y las redes sociales. Hemos conseguido un nivel de desarrollo profesional y de iniciativa técnica en el que se han mirado muchos otros sistemas de protección y otros países…las universidades han podido investigar, formar y planificar una formación adecuada al desarrollo de nuestro estado de bienestar. Es justo reconocer que contamos con un personal técnico formado, competente, eficaz, creativo, en los campos del trabajo social, de la psicología comunitaria, de la educación social, en la pedagogía social; no tiene sentido, ni desde el punto de vista de la rentabilidad económica ni de la cohesión social, condenar al ostracismo técnico a un colectivo de profesionales del ámbito local, de experiencia contrastada y altamente cualificados en el complejo mundo de la intervención social. No es el momento de tirar por la borda los logros conseguidos.
EXIGIMOS LA MODIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
 
Por todo ello, los/as profesionales de los Servicios Sociales exigimos al Gobierno de la nación, y a los diferentes grupos políticos que constituyen el Congreso de los Diputados y el Senado, la modificación del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, incorporando a la nueva ley que surja de la tramitación parlamentaria en ambas cámaras, como competencia directa municipal, la atención primaria de Servicios Sociales  y las prestaciones básicas, que se recogen en el presente escrito.  Hacemos extensiva esta solicitud al resto de administraciones, poderes públicos y agentes sociales.

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