Acerca de pove22

Secretario de administración local, también soy un apasionado de lo local, de la música, literatura, arte, de los viajes.... proyecto de humanista. Estrategos Local.

Las comunidades de profesionalización en contratación pública, por Guillermo Yáñez.

Muy bueno¡¡¡ espero verlo.

La parte contratante

Guillermo Yáñez, un referente en contratación pública, en compartir información en comunidades de prácticas y en el trabajo colaborativo. 

«Invitado por mi amiga y compañera Pilar Batet a compartir una reflexión en su blog, os propongo ésta: las comunidades de profesionalización en contratación pública.

El punto de partida es la necesaria profesionalización en contratación pública.

Según dicen los expertos la contratación pública es una actividad muy sensible. Se mueve un montón de dinero. Según dicen del 16% al 19% del P.I.B., Una actividad muy conflictiva (recuerdo cuando le pregunté un día a Google por corrupción pública y se confundió y me devolvió noticias de contratación pública); una actividad con la que se puede transformar la sociedad como bien sabe Santiago Lesmes Zabalegui, José Manuel Martínez Fernández, Bernabé Palacín Sáenz,…; una actividad que está volviendo a locos a los gestores (Charo Delgado???) y locas a las pequeñas…

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Interview with Patrice LeJeune, Marquetry Artist

Perfecta idea

A French American Life

Patrice2Patrice LeJeune is a Marquetry Artist working out of Antique Refinishers in San Diego, CA, where they also run the American School of French Marquetry. I’m lucky to be friends with Patrice; aside from being a very talented artist, he’s also easily one of the funniest people I know. With his wicked, dry humor and ability to do voices and impressions, he’s a fantastic guest at any dinner party, a fun partner in Belotte, and a guy you don’t want to mess with in poker.

The term “marquetry” is from middle French, meaning “inlaid work.” It is the art of assembling veneer pieces (usually wood, but sometimes other materials like ivory, pearl, or even metal) together to make a design or picture. The techniques began in 16th century Florence as well as 16th century France. In the mid-seventeen century, French furniture makers began using marquetry techniques to…

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Los expertos opinan

iempre se ha dicho que el municipio es la forma más antigua de organización administrativa. Desde luego, en España ha sido y es la forma habitual de colonización, población y repoblación del territorio en todas nuestras épocas históricas.

Tan cierto como lo anterior, si bien con menos raigambre histórica, es la siempre deficiente financiación municipal y el minifundismo local.

Los municipios tienen que prestar una multiplicidad de servicios con un volumen de recursos propios escaso para las tareas legalmente encomendadas.

Por otra parte, el hecho de ser la administración más cercana al ciudadano redunda en una mayor sensibilidad a las demandas y necesidades sociales.

Sucede, además, que si el municipio es muy pequeño, situación no infrecuente en nuestro país, la reducción de los servicios que ha de prestar no es proporcional a su menor tamaño y llega un momento en que no puede atenderlos.

Esto, que es un hecho objetivo, se ha abordado históricamente de distintos modos. En una época no lejana se suprimían municipios y en otra, más reciente y que llega hasta nuestros días, se ha hecho lo contrario, pues se les ha ayudado económicamente a sobrevivir y a mantener sus servicios de acuerdo con ciertos principios de corrección de los desequilibrios territoriales.

La proyectada reforma de la normativa local (concretamente, de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local) pretende poner en marcha una tercera vía, consistente en el mantenimiento de la personalidad jurídica de los entes locales no sostenibles y la asunción de sus competencias por las diputaciones provinciales.

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“Contrariamente a lo expuesto en algunos comentarios de prensa, esto no afecta a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, sino únicamente a los que en la prestación de sus servicios no cumplan con el “coste estándar.”

El anteproyecto de ley, en breve proyecto de ley, lleva por nombre “de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”, y basándose en el principio de estabilidad presupuestaria, aborda en primer término la sujeción de los entes locales al “coste estándar de los servicios”.

El “coste estándar” de los servicios locales lo establecerá el Gobierno “oídas las Comunidades Autónomas y previo informe de la Comisión Nacional de  Administración Local”. Los municipios que no cumplan con ese “coste estándar” pueden entrar en un proceso, todavía no concretado en el anteproyecto, en que sus competencias serán asumidas por las diputaciones provinciales.

El anteproyecto asigna un especial relieve a las diputaciones provinciales, que podrán decidir la asunción de competencias de los municipios con menos de 20.000 habitantes que se encuentren en esta situación. La comunidad autónoma puede, a lo sumo, informar, pero no decide.

Los municipios conservan plenamente su personalidad jurídica, pero no la gestión de estas competencias económicamente no sostenibles.

Contrariamente a lo expuesto en algunos comentarios de prensa, esto no afecta a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, sino únicamente a los que en la prestación de sus servicios no cumplan con el “coste estándar.” Dependiendo de la valoración de este “coste estándar” y de la voluntad de cada diputación provincial, la afección será menor o mayor. Destaca el silencio positivo de un mes atribuido a la diputación provincial, que asumirá las competencias si no se pronuncia al respecto en este plazo.

Confiando en la bondad de la medida, el anteproyecto permite a los municipios de más de 20.000 habitantes solicitar a la diputación provincial la gestión de sus servicios (suponemos que los no sostenibles).

Quizá el nuevo papel de las diputaciones provinciales sea el punto más complejo de la norma, así como su encaje, todavía no desarrollado, en las comunidades autónomas que han creado comarcas.

La línea directriz del anteproyecto es la reducción de costes, de ahí que apunte también a una reducción de las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio y las mancomunidades.

Pero el anteproyecto va más allá, y junto a las diversas cuestiones relativas a las competencias locales, la limitación de los miembros de las corporaciones que pueden ser retribuidos con dedicación exclusiva y del personal eventual y el régimen de los funcionarios locales con habilitación nacional, entre otros asuntos, incluye una parte dirigida, en línea con la directiva de servicios y la anunciada ley de unidad de mercado, a la reducción de las autorizaciones y licencias.

La norma parte del principio de que, con carácter general, el ejercicio de actividades no puede someterse a la “obtención de licencia u otro medio de control preventivo”.

Será la ley la que determine qué actividades quedan concretamente sujetas a control preventivo por afectar a la protección del medio ambiente, el patrimonio histórico artístico y la seguridad o la salud públicas o implicar el uso privativo o la ocupación de dominio público.

El anteproyecto es más concreto en cuanto a las instalaciones e infraestructuras precisas para el ejercicio de actividades, reduciendo la amplitud de los conceptos anteriores.

Aunque la normativa puede adolecer de cierto exceso de amplitud, que conllevará una inercia contraria al cambio, lo cierto es que es restrictiva, en cuanto la exigencia de autorizaciones y licencias debe reservarse para casos concretos y ha de estar justificada y ser proporcionada.

Esta medida, además de aligerar de trámites innecesarios la actividad económica de las empresas, con el tiempo debería suponer una reducción de la carga burocrática, que es la orientación general del anteproyecto.

En definitiva, nos hallamos ante una reforma basada en criterios económicos de pura reducción de costes, no de planificación administrativa o de desarrollo y equilibrio territorial. El tiempo dirá si esta medida soluciona o no los problemas endémicos de nuestra administración local.Imagen

A vueltas con la reforma local

Andamos los que, por profesión o interés académico, estamos familiarizados con la vida municipal, muy atentos al devenir de la reforma en curso, que bajo la pretenciosa denominación de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no tardará en debatirse y supongo que aprobarse en las Cortes.

Los temas estrella ya se sabe cuáles son. De algunos ya se ha escrito aquí y de otros https://i0.wp.com/administracionpublica.com/wp-content/uploads/2013/05/direcciones.jpgno tardará en hacerse: intervención de municipios de menos de veinte mil almas, nuevos controles, “coste estándar de los servicios y procedimiento de evaluación de los mismos”, reverdecimiento de las diputaciones, posible privatización de servicios, transformación de la descentralización municipal en desconcentración con supresión de las entidades inframunicipales, reducción de concejales y cargos, mancomunidades en la picota, prohibición casi generalizada de competencias impropias….

Todos esos temas son importantes, como ha advertido la FEMP, cuyas alegaciones y propuestas son, en algunos casos, decepcionantes desde mi particular forma de pensar. La sombra de los políticos es alargada y se proyecta antes que cualquier otra duda de cariz jurídico-técnico.

Pero, aunque sea por una cuestión sentimental, me gustaría lamentar dos cambios seguro que menores e insignificantes. El primero, la desaparición como competencia obligatoria o mínima de todo ayuntamiento, del “control de alimentos y bebidas”. Laminan la atribución, sin nadie que la llore por lo que he visto, tras eliminar previamente toda referencia a las competencias sanitarias fuera de la “protección de la salubridad pública”. Creo, sinceramente, que los verdugos de tan modesta competencia que incluía históricamente la vigilancia de fondas, casa de comidas y bares, pero también la inspección veterinaria (concurrente con la competencia “mataderos”), no saben muy bien lo que se traen entre manos. Supongo que, de paso, se cargarán buena parte del artículo 42 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, donde se detallan y actualizan estos cometidos de la autoridad local.

Aludía a cuestiones sentimentales para reivindicar su mantenimiento, tan inocuo, porque soy nieto de un secretario de ayuntamiento e hijo de un médico que dedicaron gran parte de su vida profesional a la sanidad  local; materia en la que dirigí una tesis doctoral hace años. Pero al margen de la cuestión personal, tan irrelevante, me apena que, justo, se vaya a aniquilar esa atribución local en el preciso momento en que va a cumplir doscientos años. Concretamente, los cumplirá el próximo 23 de junio.

En el artículo 321 de la Constitución de 1812 no se hablaba expresamente de esta responsabilidad local, aunque sí de la policía de salubridad y comodidad; de la conservación del orden público; de los caudales de propios; del cuidado de las escuelas de primeras letras, hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de beneficencia; de la construcción y reparación de los cami­nos, calzadas, puentes y cárceles; de los montes y plantíos del común, y de todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato…

Pero un año más tarde, las mismas Cortes gaditanas aprobarán el Decreto CCLXIX, de 23 de junio, donde bien podemos decir que se incluyen por vez primera en la era constitucional las competencias mínimas y comunes de los Ayuntamientos: de la referencia constitucional a la policía de salubridad y comodidad se deducirá el deber de limpieza de las calles, los mercados, los hospitales y casas de beneficencia… Y lo que hoy llamaríamos evacuación de aguas residuales (estancadas o insalubres), el cementerio en cada pueblo “bien situado”, la salud del pueblo y de los ganados y el “velar sobre la calidad de los alimentos de toda clase”.

Como vemos –y no vamos a traer a colación la ya tópica concepción, con imagen social incluida, que el Tribunal Constitucional da de la garantía de la autonomía local- lo sanitario, como la instrucción pública, ha guardado una estrecha vinculación histórica con el ámbito municipal. Nexo que se ha ido debilitando y que, en las últimas décadas, se ha sometido a un principio de centralización autonómica que ahora quiere llevar hasta el extremo la reforma local en curso. Una pena, aunque la gran disyuntiva que hoy se plantea crudamente es la predilección por modelos de gestión privada frente a la tradicional sanidad pública del Sistema Nacional de Salud.

Citaba antes, de pasada, los cementerios. También en materia funeraria hay un cambio, aparentemente insignificante, pero de alta carga ideológica en el artículo 25, que se pretende reformar, de la Ley 7/1985. Si ya el liberalizador Real Decreto-ley de7/1996, de 7 de junio, se había cargado, en el artículo 86 de la ley básica local, la reserva a favor de los entes locales de los “servicios mortuorios”, expresión omnicomprensiva de cementerios –que son bienes de servicio público- y servicios fúnebres, el inminente proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en el artículo 25, ya no habla de “servicios” sino de “actividades  funerarias”. Sin duda un intencionado embate a la concepción del servicio público aunque, paradójicamente, al ser “actividades” término más amplio y menos público que “servicios”, parecería que se están ampliando las competencias planificadoras, reguladoras o inspectoras de los entes locales en este campo. Aunque no creo que sea la intención del autor de la modificación terminológica.

El tema funerario, por cierto, guarda una estrecha relación con la policía sanitaria. ¿También esta atribución local molesta a quienes pretenden desposeer a los municipios de todo protagonismo en salud pública? Me resulta difícil de creer.

En cualquier caso, en este cambio, como en el del control de viandas y copeo, la FEMP no ha manifestado ni oposición ni, hasta donde sé, opinión fundada. Y me hubiera gustado conocerla, como tantas cosas que pudieron ser y duermen eternamente en la nada jurídica.

 

 

Quejas de los porfesionales

Los Profesionales de los Servicios Sociales, ante la aprobación de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la  Administración Local,
 
MANIFESTAMOS Y DENUNCIAMOS:
La aprobación por el Consejo de Ministro del anteproyecto, y su posterior tramitación y aprobación como  Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; de no modificarse la redacción actual, supondrá el desmantelamiento efectivo del cuarto pilar sobre el que se sustenta el maltrecho Estado del Bienestar Social en nuestro país.  En particular, nos referimos al artículo siete, que modifica el artículo 26 de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local sobre competencias de los ayuntamientos, y específicamente de los Servicios Sociales. La nueva Ley genera incertidumbre y preocupación entre los/as profesionales cuando señala que la única competencia propia de los Ayuntamientos en este ámbito será, “la evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.
LOS AYUNTAMIENTOS SERAN MEROS EVALUADORES Y DERIVADORES, DEL RIESGO Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
 
A tenor de este redactado, conviene señalar, que no se menciona el Sistema de Servicios Sociales como una competencia propia de las corporaciones locales; ignorando la nueva Ley, como se ha configurado este sistema en los últimos treinta años en España, plenamente asentado y que ha adquirido identidad suficiente para ser reconocido como un instrumento fundamental de nuestro Estado del Bienestar.
En la actualidad, los Servicios Sociales Municipales son una parte fundamental del Estado social y de derechos definido por nuestra Carta Magna, junto con el sistema de pensiones, sanidad y educación. La Constitución los enmarcó como una competencia autonómica, por tanto no existe un marco estatal que los defina, a diferencia de los otros sistemas, descentralizados de una forma o de otra, pero siempre con una legislación básica estatal; es decir, es el único sistema donde no hay una cartera de servicios mínimos definida que establezca la extensión e intensidad de la protección; sin embargo, han adquirido su máxima visibilidad e implantación a través de las corporaciones locales.
En estas últimas década, los Servicios Sociales se han organizado atendiendo a su nivel de especialización; distinguiéndose la Atención Primaria,  de competencia local, y la Atención Especializada, de competencia autonómica. Los primeros constituyen la estructura básica del sistema público de SS.SS., siendo su finalidad conseguir unas mejores condiciones de vida de la población mediante una atención integral y polivalente. Los segundos deben entenderse como aquellos que requieren el desarrollo de una atención específica (nivel secundario) a usuarios/as con circunstancias especiales.
Los Servicios Sociales Comunitarios o Generales, de competencia municipal, son la estructura de gestión pública más cercana que tiene la ciudadanía para garantizar el acceso a sus derechos sociales; son la parte más representativa del conjunto de políticas sociales en el ámbito local. Conocida es la trayectoria de la administración local española en el desarrollo de servicios y programas que garanticen la cobertura de las necesidades sociales más prioritaritarias de su ciudadanía. En los últimos treinta años se ha generalizado una estructura capaz de organizar con gran solvencia técnica y recursos presupuestarios modestos la atención social de la ciudadanía, con gran proyección social y reconocimiento.
DENUNCIAMOS LA INTENCIÓN DE DIBUJAR UN ESTADO ASISTENCIAL DE BENEFICIENCIA
 
A partir de la propuesta de reforma de la Ley de Bases, se disparan todas las alarmas. Denunciamos el intento de dibujar un Estado Asistencial basado en la Beneficencia y no de derechos sociales; un Estado en el que los derechos sociales de ciudadanía quedan desdibujados, por la imposición de políticas públicas alejadas del ciudadano/a. La participación ciudadana en la creación, gestión y evaluación de los servicios sociales desaparece. La fortaleza en la proximidad de los servicios y la mejora de la gobernanza se elimina; y deja las personas y familias en manos de unas administraciones (Diputaciones y Comunidades Autónomas) que no conocen ni su realidad ni sus necesidades; en las que no participan directamente, y a las que, como en el caso de las Diputaciones, no han votado.
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PODRÁN NO DELEGAR LOS SERVICIOS SOCIALES. AUMENTA Y SE INSTITUCIONALIZA LA DESIGUALDAD ENTRE LOS CIUDADANOS
 
En la propuesta de nueva Ley se observa que en el único punto del articulado donde se hace referencia a los Servicios Sociales de forma clara y directa, es en la nueva redacción del articulo 27.2, donde se estipula que: la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar,…, en los Municipios de más de 20.000 habitantes, entre otras, las siguientes competencias: apartado –c. Prestación de los servicios sociales…”. Las políticas sociales de Atención Primaria no pueden depender de la voluntad de delegar o gestionar que tengan, en cada momento, cada una de las Comunidades Autónomas y/o Diputaciones que configuran el Estado. Esta medida supone, además, una recentralización de la atención social a la ciudadanía, y la perdida de capacidad de proyección social futura de los municipios, dejando la cohesión social que tanto depende del territorio en manos de actores ajenos al mismo.
No estamos ante una cuestión meramente terminológica. El cambio en la definición de la prestación supone un cambio en el modelo de gestión; transitar de la  “prestación de servicios sociales y promoción y reinserción social” (ley 7/85 de Bases de Régimen Local, Art.25.2), a la “evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social” (nueva redacción); implica dejar por el camino un modelo eficiente que garantiza los derechos sociales de los ciudadanos. Nada positivo parece sugerir este cambio. Ante estos hechos, defendemos un modelo que ha constatado su utilidad, eficacia y pertinencia en los últimos 30 años. 


NUESTRAS PROPUESTAS

Los profesionales de los servicio sociales, ante la nueva  Ley  de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, queremos proponer a la sociedad y a los poderes públicos en particular, lo que consideramos debería ser el mínimo irrenunciable en la expresión de los Servicios Sociales Municipales. Compete a los Ayuntamientos, por si solos o agrupados, el nivel de atención primaria, que debería de integrar la siguiente cartera de prestaciones:
 
o      Información, orientación, asesoramiento y diagnóstico desituaciones de necesidad.
o        Ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia. 
o      Ayudas económicas de emergencia social.
o      Intervención y mediación familiar.
Prevención, intervención e inserción, dirigida a personas, familias, grupos y     colectivos en riesgo osituación de exclusión social.
o     Acompañamiento en los itinerarios de inclusión social
o     Adopción de medidas de protección de menores en situación de riesgo.
o     Atención primaria a mujeres victimas de violencia de género
o    Atención primaria a la tercera edad y discapacitados. Gestión de la Atención a la Dependencia.
o    Alojamiento de urgencia.
o    Servicios de promoción y dinamización comunitaria, y voluntariado social.

NO CONSENTIREMOS QUE SE TIREN POR LA BORDA LOS LOGROS CONSEGUIDOS

Los municipios han demostrado con creces, en los últimos treinta años, su responsabilidad institucional y su capacidad de gestión en términos de pertinencia, eficacia y eficiencia; al mismo tiempo que, por su proximidad a los/as ciudadanos/as, y su especial sensibilidad en la atención a los colectivos sociales más vulnerables, han demostrado su contribución en la garantía de los derechos sociales en nuestro país.
Por otro lado, los profesionales municipales han contribuido inestimablemente en la profesionalización de estos servicios, en el desarrollo de disciplinas y prácticas en el campo de la protección social, del desarrollo comunitario, de un ejercicio profesional ligado al territorio, a la realidad de las familias y las redes sociales. Hemos conseguido un nivel de desarrollo profesional y de iniciativa técnica en el que se han mirado muchos otros sistemas de protección y otros países…las universidades han podido investigar, formar y planificar una formación adecuada al desarrollo de nuestro estado de bienestar. Es justo reconocer que contamos con un personal técnico formado, competente, eficaz, creativo, en los campos del trabajo social, de la psicología comunitaria, de la educación social, en la pedagogía social; no tiene sentido, ni desde el punto de vista de la rentabilidad económica ni de la cohesión social, condenar al ostracismo técnico a un colectivo de profesionales del ámbito local, de experiencia contrastada y altamente cualificados en el complejo mundo de la intervención social. No es el momento de tirar por la borda los logros conseguidos.
EXIGIMOS LA MODIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
 
Por todo ello, los/as profesionales de los Servicios Sociales exigimos al Gobierno de la nación, y a los diferentes grupos políticos que constituyen el Congreso de los Diputados y el Senado, la modificación del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, incorporando a la nueva ley que surja de la tramitación parlamentaria en ambas cámaras, como competencia directa municipal, la atención primaria de Servicios Sociales  y las prestaciones básicas, que se recogen en el presente escrito.  Hacemos extensiva esta solicitud al resto de administraciones, poderes públicos y agentes sociales.

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La reforma del régimen local que quiere el gobierno (autonomía, competencias, gestión)

DSC_0034Mañana, tras un cambio de programa de última hora, centraremos el Seminari interdepartamental de la Facultat de Dret de València en discutir con Zulima Pérez i Seguí la reforma del régimen local que, tras muchas tribulaciones y rectificaciones, está ya encarando la fase final de su tramitación parlamentaria, con el texto ya en el Senado.

Así que aprovechando la coyuntura vale la pena hacer el esfuerzo de tratar de identificar las líneas generales que nos apuntan hacia el sentido y objetivos de la reforma para, a continuación, intentar valorar la conveniencia de esas orientaciones y, sobre todo, las evidentes incoherencias que plantean si las contrastamos con la regulación que la Constitución española contiene en lo que se refiere a la autonomía local y al reparto competencial sobre el régimen local entre Estado y Comunidades Autónomas. O, al menos, las incoherencias y contradicciones que, por mucho que quizás ahora no parezcan tan graves en un contexto donde la comprensión de nuestro Derecho público se ha vuelto con carácter general más centralista y limitadora respecto de la idea y extensión de lo que es cualquier autonomía institucional, sí lo habrían sido con la interpretación constitucional dominante hace un par de décadas, más generosa con el entendimiento de lo que debía ser la autonomía local o con las posibilidades de acción competencial de las Comunidades Autónomas.

La reforma local planteada por el Gobierno, más allá de que se haya ido dulcificando a medida que los borradores se iban sucediendo y las propuestas no concitaban sino un rechazo muy generalizado en el mundo local, entre casi todos los especialistas e incluso en órganos consultivos no demasiado beligerantes con los proyectos de reforma que le remiten los Gobiernos como es el Consejo de Estado, sigue respondiendo a tres ideas esenciales que, por mucho que suavizadas, todavía son reconocibles en el texto en estos momentos en el Senado.

De una parte, un entendimiento muy poco ambicioso de la autonomía local, por no decir francamente hostil a esta misma idea. Toda la reforma transmite desconfianza hacia los ayuntamientos, a los que se intenta limitar y constreñir en su actuación por muy diversas vías, así como predeterminar todo lo posible respecto de cómo han de organizarse hasta umbrales insospechados y, por ello, difícilmente conciliables con lo que habitualmente hemos entendido por autonomía local en España hasta hace muy poco. De otra, la consideración de que la organización del régimen local es cuestión que esencial, cuando no únicamente, concierne al Estado, sin que las Comunidades Autónomas tengan mucho más que decir, a efectos estructurales, sobre lo que sean los municipios, cómo deban organizarse y qué deban hacer más allá de ceñirse a concretar y desarrollar el esquema ordenador previamente diseñado por el Estado. La reforma planteada, a estos efectos, no sólo jibariza el régimen local español sino que lo desplaza hacia un control mucho más predetermiando por el Estado. Por último, y a partir de la interposición de una institución tan peculiar en muchos de sus trazos (elección democrática indirecta, inexistencia en la mitad del territorio estatal, connotaciones centralistas evidentes, desubicación constitucional tras la aparición de las Comunidades Autónomas) como es la Diputación provincial, la reforma aspira también, de forma muy poco velada, a crear mercados de ámbito provincial para la prestación de muchos servicios públicos, pues éste y no otro es el efecto de desplazar las decisiones de gestión de los entes locales de ámbito municipal a los entes locales provinciales. Todo ello, además, se realiza a partir de un entendimiento de la capacidad que tiene el Estado para legislar y supraordenar, ya sea para limitar la idea de autonomía local, ya para despalzar a las Comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, que se ha incrementado notablemente tras la reforma constitucional de agosto de 2011 que dio una nueva redacción al artículo 135, las normas de desarrollo asociadas a la misma en materia de estabilidad financiera y muy especialmente, a partir de ahí, por la vía de un nuevo entendimiento de la competencia contenida en el artículo 149.1.14ª CE, sobre Hacienda general y deuda, que aparece convertido en una especie de vórtice que succiona todo lo que hay enrededor para acabar haciendo concluir todo en un mismo punto: el control del Estado y del Gobierno central sobre toda la acción pública y administrativa del país, que se entiende justificado constitucionalmente y competencialmente posible en cuanto se invoca la existencia de un riesgo de tipo financiero, por remoto o teórico que sea (como es el caso de la reforma local, de hecho, respecto de los municipios  muy especialmente de los más pequeños, si atendemos a su nivel de endeudamiento).

Vamos a tratar de desarrollar esta tarde en el Seminario estas cuestiones con algo más de detalle para quienes prefieran, llegados a este punto, ir más allá de esta valoración inicial y analizar con más profundidad cada uno de estos puntos. Más allá de cómo sea la intervención oral y posterior debate, tenéis, para quienes podáis querer una explicación más extensa sobre el tema, acceso a la ponencia sobre la que iré basando lo que vaya contando en la web del seminario.